La Seremi de Gobierno O’Higgins, Patricia Torrealba, señala que se trata de una política
pública hecha de manera participativa, basada en evidencia, y con un enfoque proactivo
orientado a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la
corrupción.
A modo de cumplir un compromiso realizado en la Cuenta Pública del año 2022 y
fechándolo en la misma instancia del 2023, el Presidente Gabriel Boric lanzó esta semana
la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) que recoge los lineamientos
compartidos por la Comisión Engel, la OCDE y la Contraloría General de la República, con
el objetivo de mejorar los estándares de transparencia, integridad y anticorrupción.
En su versión final, la ENIP, primera de su estilo en nuestro país, cuenta con 210 medidas
que se centran en cinco ejes temáticos: Función Pública, que comprende a los órganos del
Estado, las actividades que realizan al servicio de las personas y el conjunto de personas
que ejercen labores en ellos; Recursos Públicos, que corresponden a los medios que se
encuentran a disposición del Estado para cumplir con sus funciones y financiar el gasto
público; Transparencia, que consiste en promover el principio que llama a respetar y
cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la
Administración; Política, que apunta a cerrar las brechas identificadas en materia de
partidos políticos y campañas electorales; y Sector Privado, se refiere a todos los actores
del mundo de los negocios, como las empresas privadas y públicas, además de sus
trabajadores, representantes y gremios.
“Esta es una propuesta que hace el Presidente, en relación a como nosotros, no solo como
Estado sino que también en temas de privados, podemos implementar este sistema que nos
permita transparentar el uso de los recursos públicos, pero también cosas tan importantes
como el tráfico de influencias o los conflictos de intereses” señaló la vocera del Gobierno
en la región, Patricia Torrealba.
Dentro de las medidas que comprende cada uno de los ejes, se destaca, por ejemplo, en el
apartado de función pública medidas como, nuevas inhabilidades y sanciones, post-empleo
que regulen el tránsito del mundo privado al público y viceversa. Restringir la contratación
de parientes en altas autoridades y la inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos o
de elección popular a quienes cometieron delitos de corrupción, en otras. En tanto en el
sector privado, se apunta a crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas
Jurídicas, para facilitar el combate a la evasión fiscal, el crimen organizado, el lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, atentados contra la libre competencia y, en general,
los conflictos de intereses.
“El Estado tiene que de alguna forma resguardar los derechos que son de todos, porque al
final las instituciones públicas, los recursos fiscales, son de cada uno de nosotros (…). Por
eso queremos que esté regulado en una normativa y que esto permita aumentar los
estándares de integridad pública”, cierra la Seremi Patricia Torrealba.
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