Este miércoles 28 de mayo entrará en vigencia la nueva Ley de Funerales de Alto Riesgo, cuyo principal objetivo es evitar los delitos que suelen registrarse durante las exequias de narcotraficantes y delincuentes, como disparos, lanzamiento de fuegos artificiales y enfrentamientos entre bandas rivales.
Este tipo de desórdenes ha ido en aumento en el último tiempo, y no solo ha provocado que las personas teman salir de sus casas y no puedan desarrollar sus vidas con normalidad, sino que muchas veces ha obligado a las autoridades a suspender clases y a disponer de grandes contingentes de Carabineros durante varios días y noches.
La nueva ley establece que, en caso de funerales calificados como de alto riesgo, todo el proceso de despedida solo podrá durar 24 horas; es decir, desde la inscripción de la defunción hasta la sepultura o cremación, según corresponda. Estas exequias se regirán por un protocolo, todo con el fin de garantizar mayor seguridad para la población.
Con colaboración de Carabineros, PDI y Gendarmería, la Delegación Presidencial será la institución encargada de definir si un funeral califica como de alto riesgo, detallando quién es la persona fallecida, cuáles fueron las causas de su deceso y en qué contexto se produjo, y si su despedida podría calificar como un funeral de alto riesgo. Tras eso, unidades policiales especializadas deberán tomar las medidas necesarias, por ejemplo, delimitar el trayecto de la carroza fúnebre.
En ese caso, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, explicó que «si existe oposición o si bien no se puede ejecutar (el funeral) dentro del plazo establecido, la ley establece que dicha persona fallecida va a ser tratada como indigente y, en consecuencia, es la autoridad la que toma unilateralmente la decisión» de darle sepultura o cremarlo.
Además, expuso que «la ley entrega facultades a Carabineros en las áreas perimetrales asociadas a esta actividad y penaliza adicionalmente a quienes cometen determinadas infracciones en las áreas próximas», como desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales o artefactos pirotécnicos, y porte de armas blancas, según expone el Gobierno en su sitio web.
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