La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto al descubierto una serie de graves incumplimientos y desembolsos improcedentes por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la sociedad concesionaria encargada de la obra “Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta”. Las auditorías de la CGR revelan un panorama preocupante que ha llevado a la formulación de reparos y la exigencia de procedimientos disciplinarios.
Según el Informe Final N° 592 / 2024 de la CGR, que abarcó un período de revisión entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024, se detectó un pago improcedente que supera los $300 millones. Específicamente, la Contraloría encontró que el MOP desembolsó $329.540.767 por cuatro facturas emitidas por la empresa concesionaria de manera indebida.
Hallazgos Clave de la Investigación:
1. Pagos Sin Acreditación de Relación Directa con la Obra: La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) aceptó como gastos asociados al servicio de construcción un total de $1.734.425.077 presentados por la firma. Sin embargo, la Contraloría determinó que los antecedentes proporcionados por la DGC no sustentan por sí solos que estos gastos tuvieran una relación directa con la ejecución de la obra. Esta situación llevó a la CGR a formular el pertinente «reparo», iniciando así un juicio de cuentas.
2. Avance de Obra No Respaldado Documentalmente: Otra de las observaciones cruciales reveló que la Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance en dos subsectores de la obra, a pesar de que en algunos casos no existía el respaldo documental necesario para acreditar el progreso total reportado por la empresa.
3. Proyectos de Ingeniería Incompletos y Falta de Advertencia: Se constató que el concesionario entregó parte de los proyectos de ingeniería de detalle de la obra de manera incompleta. Lo más preocupante es que esta deficiencia no fue advertida por la inspección fiscal.
4. Aprobación de Proyecto Sanitario Sin Visto Bueno de la Autoridad Competente: La inspección fiscal aprobó el proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias. Sin embargo, esta aprobación se realizó sin que el proyecto contara con el visto bueno de la autoridad sanitaria, lo que constituye una infracción directa a las bases de licitación.
Acciones Derivadas y Exigencias de la CGR:
Frente a estos hallazgos, la Contraloría General de la República ha dictado:
• Además del ya mencionado reparo (demanda que da inicio al juicio de cuentas).
• Se ordenó a la DGC sustentar los porcentajes de avance identificados en el informe, para acreditar que el cumplimiento del hito del 80% de progreso fue real y debidamente documentado.
• El inspector fiscal deberá proponer las multas correspondientes por el atraso en la entrega de los proyectos de ingeniería de detalle y por la falta de autorización sanitaria.
• Finalmente, la Dirección General de Concesiones (DGC) deberá iniciar un procedimiento disciplinario con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos descritos.
Este caso subraya la importancia de la función de fiscalización de la Contraloría, que busca garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y la transparencia en la ejecución de las obras concesionadas
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