El fin de semana último se conoció la información de la detención de cuatro personas, dos de ellas chilenas funcionarios del Ministerio de Educación (Santiago) y dos extranjeros vinculados a la emisión fraudulenta de certificados de educación para la obtención de licencias de conducir.
Según lo dado a conocer por el fiscal jefe de Alta Complejidad O’Higgins, Javier Von Bischoffshausen, luego de un trabajo entre la Fiscalía de Alta Complejidad en conjunto con la Policía de Investigaciones, se logró la detención de los dos funcionarios del Mineduc, quienes entregaron más de 5 mil 500 certificados de educación falsificados, lo que les permitió reunir una suma cercana a los 360 millones de pesos.
Con este dinero lograron pagarles a funcionarios públicos del Departamento del Tránsito de la comuna de Requínoa, ya detenidos, para obtener más de mil licencias de conducir falsificadas en cuanto a su origen, quedando los cuatro imputados con la medida cautelar de prisión preventiva.
Se trata de una organización criminal dedicada a la entrega de licencias de conducir de forma ilegal en la región, investigación que ha logrado establecer que los vínculos se extendían hacia la región Metropolitana con los dos funcionarios detenidos, quienes entregaban los certificados ideológicamente falsos, acreditando estudios a personas extranjeros que no los tenían.
Sólo vía transferencia, a los imputados les reportó desde el año 2020 a la fecha la suma cercana a los 360 millones de pesos de ganancias, sólo para los dos funcionarios públicos. Fue así como los cuatro imputados fueron formalizados por los delitos de cohecho, soborno, lavado de activos, falsificación de instrumento público, indicando el fiscal que es fundamental poder efectuar el mayor daño patrimonial a las organizaciones que se dedican a delinquir obteniendo importantes lucros como la gran cantidad de millones que ostentaban los sujetos imputados, incautando además vehículos, retención de dinero de cuentas corrientes e, incluso, incautación de inmuebles.
Por su parte, Milton Bazán, subprefecto inspector, jefe de la Fuerza de Tarea de Alta Complejidad de la PDI O’Higgins, adujo que se realizaron entradas y registros donde se detuvo a cuatro personas y se incautaron especies, dos de ellos chilenos, funcionarios del Ministerio de Educación y, dos extranjeros, encargados de captar a personas principalmente extranjeras que necesitaban obtener licencias de conducir de forma fraudulenta a través de certificados de educación que eran emitidos por el Ministerio de Educación a través de estos funcionarios con información ideológicamente falsa, previo al pago correspondiente.
RED DE CONTACTOS SE EXTENDÍA HACIA SANTIAGO:
Desde marzo del año 2020 el Departamento de Tránsito del municipio de Requínoa, liderados por su exdirector, hoy en prisión preventiva, emitieron una cantidad considerable de licencias de conducir falsas, a través de la captación de clientes en redes sociales, quienes pagaban por el documento, el que era otorgado sin contar con los requisitos para aquello. Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, se emitieron más de mil licencias de conducir falsas.
Es así como el exdirector del departamento de tránsito de esta comuna, junto a otros dos imputados, también se encargaban de captar a cientos de clientes. De este modo, los captadores buscaban a sujetos que quisieran obtener la licencia de conducir sin tener que cumplir los requisitos que exige la ley, especialmente personas de origen chino, quienes no entendían el idioma español, no sabían leer ni escribir e, incluso el funcionario público cambiaba las respuestas al momento de realizar los exámenes teóricos, a fin de que estas fuesen correctas.
Para esto, mantenía una agenda paralela a su trabajo municipal, donde al momento de atender a las personas extranjeras debía hacerse primero un pago en promedio de 300 mil pesos por persona. Además cobraba la suma de 70 mil pesos para entregarles un certificado de enseñanza básica en Chile. Son cientos de casos donde se le entregó licencia de conducir a personas que no han acreditado tener la experiencia y capacidad para aquello en el país.
Esta investigación se inició teniendo en cuenta la entrega de certificados de educación falsos generados por un funcionario de la Seremi de Educación de la región de O’Higgins, investigación que ya tiene una sentencia condenatoria con pena de crimen efectiva en contra del sujeto, por lo que el paso siguiente era poder determinar que se hacía con estos certificados, logrando establecer que un número importante de estos fueron utilizados para obtener licencias de conducir en Requínoa. La investigación ha permitido establecer que la organización tenía vínculos en la Región Metropolitana, lo que quedó evidenciado con la detención de los funcionarios que trabajaban en el Ministerio de Educación de Santiago.
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